ALMEIDA GUZMÁN & ASOCIADOS

ESTUDIO JURÍDICO

BOLETÍN INFORMATIVO

El Registro Oficial No. 74 del 6 de noviembre de 2019 publica la Resolución del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENAE No. SENAE-2019-0004-RE, por la cual se emite la REFORMA GENERAL A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR. A continuación resumimos su contenido.

 

Art. 1.- Derogatoria de exigencia de documentos.- Se derogan en todas las resoluciones del SENAE, los requisitos que exijan los documentos estipulados en los Arts. 11 y 23.1 de la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos. En tal virtud, ningún funcionario público del SENAE podrá exigir dicha documentación en ningún procedimiento administrativo.

 

Art. 2.- Reforma integral al proceso de autorización y renovación de Operadores de Comercio Exterior – OCES.- Los trámites de postulación o renovación de OCES serán conocidos por la Dirección General del SENAE. La sustanciación de este procedimiento administrativo estará a cargo, de forma exclusiva, de la Dirección de Autorizaciones y Expedientes OCES, quien luego del procedimiento correspondiente deberá remitir el procedimiento a la Dirección General para su resolución.

 

Se deroga expresamente del procedimiento de postulación o renovación de OCES en general la exigencia de una inspección física previa de los establecimientos, a excepción de las postulaciones que se presenten por primera vez para el funcionamiento de depósitos temporales. El SENAE controlará, principalmente, el cumplimiento de los requisitos de los OCES a través del ejercicio de su potestad de control posterior. Sin perjuicio de lo anterior, el SENAE podrá exigir, de forma excepcional, una inspección previa cuando pueda justificar, de forma motivada, que exista una duda razonable sobre el cumplimiento de los requisitos para este tipo de operadores.

 

Como consecuencia de lo anterior, se suspende el cobro de la tasa de inspección para todas las personas naturales o jurídicas que, posterior a la vigencia de estas reformas, inicien el procedimiento de autorización y/o renovación de OCES, salvo en los trámites de postulación para funcionar por primera vez como depósito temporal.

 

Todas las solicitudes que acompañen a la postulación o renovación de las personas naturales o jurídicas que solicitan el trámite, deberán contener a más de lo solicitado en la resolución pertinente para su actividad, la siguiente información: *nombres y apellidos, *número de cédula de ciudadanía [para el caso de personas naturales,] y *número de RUC, *nombre y apellidos del representante legal, *razón social y nombre comercial [para el caso de las personas jurídicas]. Se exime de la presentación de documentos fotocopias, respecto a la información descrita en la presente disposición.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- Las solicitudes de autorización o renovación que se hayan presentado antes de la vigencia de la presente Resolución, deberán acogerse al procedimiento simplificado estipulado en este nuevo marco normativo. En virtud de lo anterior, no se exigirá el cumplimiento de una inspección previa física a los postulantes y renovación de OCES, salvo las postulaciones que se presenten por primera vez para funcionar como depósito temporal.

 

SEGUNDA.- La Subdirección General de Normativa del SENAE deberá, en el plazo máximo de 30 días hábiles, reformar o derogar las resoluciones que contienen procedimientos administrativos que pudiesen contradecir a lo dispuesto en la presente resolución. 

 

Quito D. M. / Guayaquil, noviembre de 2019

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BOLETÍN INFORMATIVO

El Registro Oficial No. 71 del 30 de octubre de 2019 publica la Resolución de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros No. SCVS-INC-DNCDN-2019-0014, por la cual se reforma la Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2016-011 del 21 de septiembre de 2016, publicada en el Registro Oficial No. 879 del 11 de noviembre de 2016 que contiene el REGLAMENTO SOBRE AUDITORÍA EXTERNA. A continuación presentamos una codificación de tal Reglamento, resaltando en azul las modificaciones correspondientes.

 

Art. 1.- Generalidades.- Las disposiciones son de cumplimiento obligatorio para las personas naturales y jurídicas calificadas para ejercer la auditoría externa en los términos previstos en la Ley de Compañías y en las Normas Internacionales de Auditoría; así como para las compañías nacionales o sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen, obligadas a contar con informe anual de auditoría externa.

 

SECCIÓN I

SUJETOS OBLIGADOS A CONTAR CON INFORME ANUAL DE AUDITORÍA EXTERNA

 

Art. 2.- Personas jurídicas obligadas a contar con auditoría externa.- Están obligadas a someter sus estados financieros anuales al dictamen de auditoría externa:

 

a) Las compañías nacionales de economía mixta y anónimas con participación de personas jurídicas de derecho público o de derecho privado con finalidad social o pública, cuyos activos excedan de US$ 100.000.

b) Las sucursales de compañías o empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas que se hubieran establecido en Ecuador y las asociaciones que éstas formen entre sí o con compañías nacionales, siempre que los activos excedan de US$ 100.000.

c) Las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de responsabilidad limitada, cuyos montos de activos excedan de US$ 500.000.

d) Las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (la “Superintendencia”) obligadas a presentar balances consolidados.

e) Las sociedades de interés público definidas en la reglamentación pertinente, cuyos montos de activos excedan de US$ 500.000.

 

Para efectos de este Reglamento, se considera como activos el monto al que ascienda el activo total constante en el estado de situación financiera, presentado por la sociedad o asociación respectiva a la Superintendencia en el ejercicio económico anterior.

 

Art 3.- Caso especial.- Las compañías que no se encuentren en los casos previstos en el Art. anterior, deberán someter sus estados financieros al dictamen de auditoría externa, cuando por informe previo de la Dirección Nacional de Inspección, Control, Auditoría e Intervención (la “DNICAI”) se establezcan dudas fundadas sobre la realidad financiera de la compañía. 

 

SECCIÓN II

CALIFICACIÓN, REGISTRO Y RENOVACIÓN

 

Art 4.- Personas naturales o jurídicas facultadas a realizar auditorías externas.- Podrán realizar auditorías externas únicamente las personas naturales o jurídicas que se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Auditores Externos y cuenten con calificación vigente por parte de la Superintendencia.

 

Las personas naturales no podrán utilizar nombres comerciales, en ningún documento, para el ejercicio de estas funciones.

 

Art 5.- Requisitos para obtener calificación de auditor externo.- Para obtener la calificación de auditor externo se acreditará el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 

a) Tener título de tercer nivel de auditor, contador público autorizado, economista, ingeniero comercial o ingeniero en contabilidad y auditoría, registrado en la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

b) Presentar documentación que demuestre que cuenta con una experiencia no menor a 3 años en auditorías externas realizadas a compañías y entes sujetos a control de la Superintendencia.

c) Presentar la hoja de vida de la persona natural interesada o del administrador de la persona jurídica interesada, y las del personal de apoyo o nómina de trabajadores.

d) Presentar copia del título de propiedad o contrato de arrendamiento de la oficina desde donde se prestarán los servicios de auditoría externa.

e) Declaración en la solicitud en el sentido de que el interesado no se encuentra comprendido en ninguna de las prohibiciones ni inhabilidades para ser auditor externo.

 

Art 6.- Personas que no pueden calificarse como auditores externos.- No se calificarán como auditores externos las personas naturales o jurídicas comprendidas en los siguientes casos:

 

a) Los que no tuvieren su domicilio en el país.

b) Los que se hallaren en mora con el Estado y sus instituciones, y con entidades públicas o privadas del Sistema Financiero Nacional.

c) Los que hubieren sido declarados mediante sentencia ejecutoriada, responsables de irregularidades en la administración de entidades públicas o empresas privadas.

d) Los titulares de cuentas corrientes sancionadas por la Superintendencia de Bancos y que no hubieren obtenido la respectiva rehabilitación.

e) Los que hubieren sido declarados culpables mediante sentencia ejecutoriada por su participación en delitos.

f) A quienes se hubiere suspendido o retirado la calificación de auditor externo, o impuesto una medida de carácter similar, por parte de las Superintendencias de Compañías, Bancos o de Economía Popular y Solidaria, mientras se encuentre vigente tal medida.

 

En caso de personas jurídicas, no se calificarán como auditoras externas cuando uno o más de sus administradores se encontraren incursos en cualquiera de las circunstancias descritas en los literales anteriores.

 

Art 7.- Resolución y publicación.- El Superintendente resolverá sobre el otorgamiento de la calificación de auditor externo. La resolución que otorgue la calificación se publicará en el portal web institucional.

 

Art. 8.- Registro Nacional de Auditores Externos.- El Registro Nacional de Auditores Externos estará a cargo de la Secretaría General de la Superintendencia. 

 

Art. 9.- Vigencia de la calificación.- La calificación de auditor externo tendrá vigencia por 3 años contados a partir de la fecha de expedición de la resolución que la otorga.

 

Art. 10.- Renovación de la calificación.- Las personas naturales o jurídicas solicitarán la renovación de la calificación de auditor externo hasta antes de la fecha de finalización del período de vigencia. A la solicitud se acompañarán los siguientes documentos:

 

a) Lista de las compañías nacionales y sucursales de compañías u otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas a las que realizó auditoría externa en los últimos 3 años.

b) Lista del personal de apoyo o nómina de trabajadores.

c) Declaración de que el interesado mantiene las condiciones y requisitos con los cuales se otorgó la calificación y que no se encuentra incurso en ninguna prohibición o inhabilidad.

d) Las personas jurídicas presentarán adicionalmente la nómina de los administradores, de socios o accionistas, y deberán encontrarse al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con la Superintendencia.

 

Art. 11.- Procedimiento.- El procedimiento para la renovación de la calificación de auditor externo se ajustará a las disposiciones contenidas en los Arts. 7 y 8 de este Reglamento.

 

Art. 12.- Falta de presentación de la solicitud de renovación.- La DNICAI suspenderá a las firmas auditoras que no hubieren presentado la respectiva solicitud de renovación, sin perjuicio de su cancelación por parte del Superintendente o su delegado.

 

SECCIÓN III

OBLIGACIONES DE LAS AUDITORAS EXTERNAS

 

Art.  13.- Obligaciones de la auditora externa.- La persona natural o jurídica calificada como auditora externa tendrá las siguientes obligaciones:

 

a) Realizará el examen de auditoría con sujeción a las NIA, a los reglamentos, resoluciones y disposiciones dictados por la Superintendencia.

b) Examinará si los diversos tipos de operaciones realizados por la compañía están reflejados razonablemente en la contabilidad y estados financieros.

c) Evaluará los sistemas de control interno y contable. 

d) Verificará si para la preparación de los estados financieros se han aplicado las NIIF´s, las disposiciones dictadas por la Superintendencia, las normas de carácter tributario y otras normas jurídicas relacionadas.

e) Utilizará técnicas y procedimientos de auditoría establecidos en las NIA.

f) Se asegurará de emplear en el equipo de trabajo a cargo de la auditoría a personal debidamente calificado.

g) Cumplirá las condiciones y especificaciones del contrato de prestación de servicios.

h) Informará a las autoridades competentes los casos de irregularidades, inconsistencias, inconformidades y presuntos fraudes y otros delitos, sin perjuicio de revelarlos en los informes de auditoría externa.

i) Verificará el cumplimiento e implementación de las políticas, procedimientos y mecanismos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, valorará su eficacia operativa y propondrá, de ser el caso, las rectificaciones o mejoras pertinentes.

j) Informará al organismo de control cuando en los resultados de sus hallazgos se determine que una compañía auditada no ha cumplido con los reportes establecidos en la legislación de compañías, seguros, mercado de valores, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y normativa conexa.

k) Mantendrá en custodia, por al menos 7 años, los papeles de trabajo, evidencias y otra documentación en la que se fundamentó la opinión emitida.

l) Comparecerá a la Junta General a la que fuere convocada.

m) Presentará a la Superintendencia copia del informe, anexos e información adicional, hasta 8 días después de su presentación al ente auditado.

n) Las demás establecidas en otras normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano.

 

Art. 14.- Limitación de auditorías externas a un mismo sujeto.- Ninguna firma auditora podrá efectuar auditoría externa por más de 5 años consecutivos respecto del mismo sujeto de auditoría, o 3 años consecutivos en el caso de sociedades de interés público.

 

Art. 15.- Contrato de auditoría externa.- La contratación de auditoría externa se realizará por escrito, y se sujetará a lo dispuesto en la NIA No. 210. 

 

Art. 16.- Personas que no pueden ser contratadas como auditores externos.- La selección del auditor externo la realizará la Junta General de socios o accionistas, o el apoderado general de las sucursales de compañías u otras empresas extranjeras organizadas como personas jurídicas.

 

No podrán ser contratados como auditores externos: 

 

a) Las personas naturales o jurídicas que formen parte de los órganos de administración de la compañía o entidad a ser auditada.

b) Los socios o accionistas de la compañía o entidad a ser auditada.

c) Los empleados, contadores, comisarios, asesores, peritos y consultores de la compañía a ser auditada.

d) Los cónyuges de los administradores, directores o comisarios de la compañía a ser auditada, o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

e) Las personas dependientes de dichos administradores, directores y comisarios.

 

Art. 17.- Requisitos mínimos de los informes de auditoría externa.- El informe de auditoría externa incluirá: el dictamen conforme lo establecido en las NIA´s *No. 700 – Formación de la opinión y emisión del informe de auditoría sobre los estados financieros, *705 – Opinión modificada en el informe emitido por un auditor independiente, y *706 – Párrafos de énfasis y párrafos sobre otras cuestiones en el informe emitido por un auditor independiente, los estados financieros y las notas a los estados financieros.

 

Art. 18.- Comunicación de irregularidades.- A más del informe, el auditor deberá comunicar por escrito a la Superintendencia los actos ilegales, fraudes, abusos de confianza, y otras irregularidades que hubiere encontrado al realizar su examen.

 

Art 19.- Documentación de evidencias.- El informe de auditoría, la comunicación de deficiencias en el control interno y el informe referido en el Art. anterior, se soportarán en la evidencia obtenida por el auditor. 

 

Art 20.- Facultad de la Superintendencia de exigir información.- La Superintendencia podrá exigir a los auditores externos explicaciones o aclaraciones respecto del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con el examen de auditoría. 

 

Art 21.- Persistencia de dudas.- Cuando persistan las dudas sobre la calidad de la auditoría externa realizada, la Superintendencia podrá disponer que se contrate a una firma auditora distinta, como un adicional al trabajo ya llevado a cabo. Los costos de la nueva auditoría serán cubiertos por la compañía auditada.

 

SECCIÓN IV

RETIRO O SUSPENSIÓN DE LA CALIFICACIÓN

 

Art 22.- Causales de retiro definitivo de la calificación.- El incumplimiento de las obligaciones contractuales sin causa justificada, a juicio de la Superintendencia, y la manifiesta falta de idoneidad, acarreará el retiro definitivo de la calificación como auditora externa de la persona natural o jurídica.

 

Art. 23.- Suspensión o retiro de calificación por parte de las Superintendencias de Bancos y de Economía, Popular y Solidaria.- La persona natural o jurídica calificada como auditor externo por la Superintendencia, que también cuente con autorización para realizar la misma actividad por parte de las Superintendencias de Bancos y/o de Economía Popular y Solidaria, en caso de que cualquiera de dichas entidades hubiere suspendido o retirado la autorización o impuesto una medida de carácter similar, este organismo de control suspenderá o retirará la calificación de la firma auditora externa, según sea el caso.

 

Art. 24.- Falta de renovación.- Las personas naturales o jurídicas calificadas como auditor externo solicitarán la renovación antes de la finalización del período de vigencia.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- La contratación de la auditoría externa correrá a cargo de la compañía nacional o sucursal de compañía o empresa extranjera organizada como persona jurídica auditada.

 

SEGUNDA.- Los trámites para obtener la calificación de auditor externo y la renovación de la calificación se podrán realizar en línea.

 

TERCERA.- Las personas naturales calificadas como auditores externos que cambiaren su domicilio o dirección domiciliaria deberán comunicar tal circunstancia al Secretario General de la Superintendencia.

 

Para el caso de las personas jurídicas calificadas como auditores externos, su dirección domiciliaria será la que conste registrada en la base de datos de la Superintendencia.

 

Quito D. M. / Guayaquil, noviembre de 2019

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BOLETÍN INFORMATIVO

El Registro Oficial No. 71 del 30 de octubre de 2019 publica la Resolución de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros No. SCVS-INC-DNCDN-2019-0015, por la cual se emite el INSTRUCTIVO SOBRE SOCIEDADES DE INTERÉS PÚBLICO. A continuación resumimos su contenido.

 

Art. 1.- Sociedades de interés público.- Se considerará sociedad de interés público a las siguientes compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (la “Superintendencia”):

 

1. Las emisoras de valores inscritas en el Catastro Público de Mercado de Valores.
2. Las casas de valores, los depósitos centralizados de compensación y liquidación de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión y fideicomisos.
3. Las de seguros, de reaseguros, intermediarias de reaseguros, peritos de seguros y las agencias asesoras productoras de seguros.
4. Las que financien servicios de atención integral de salud prepagada.
5. Las que provean servicios de asistencia a asegurados o tarjeta habientes, por sí o a través de terceros.
6. Las calificadoras de riesgo y auditoras externas.
7. Las dedicadas a las actividades corrientes y especializadas de construcción de todo tipo de edificios y obras generales de construcción, para proyectos de ingeniería civil.
8. Las que realicen actividades de compra, venta y alquiler de bienes inmuebles, intermediación, agencia y corretaje inmobiliarios.
9. Las que se dediquen a la venta de vehículos automotores nuevos o usados.
10. Las que se dediquen a actividades de factorización por compra de cartera.

 

Cuando los montos de activos de las sociedades antedichas, excedan de US$ 500.000, estarán obligadas a someter sus estados financieros anuales al dictamen de auditoría externa, a cuyo efecto, se considerará como activos el monto al que ascienda el activo total constante en el estado de situación financiera, presentado por la sociedad a Superintendencia en el ejercicio económico anterior.

 

Art. 2.- Registro de la calidad de sociedad de interés público.- Las compañías sujetas a la vigilancia y control de Superintendencia, cuyo giro ordinario de negocio se adecué a alguno de los numerales descritos en el Art. anterior, incluyendo a las emisoras de valores inscritas en el Catastro Público de Mercado de Valores, deberán señalar por una sola ocasión en la opción que se encuentra habilitada en el sistema institucional, si tienen o no la calidad de sociedad de interés público.

 

Dicha obligación la cumplirán en el plazo de un mes, contado desde la inscripción de la constitución de la compañía en el Registro Mercantil o, desde la inscripción en el Catastro Público de Mercado de Valores, según corresponda

 

Art. 3.- Casos en que una compañía adquiera o pierda la calidad de sociedad de interés público.- En los casos en que una compañía, por cualquier motivo que fuere, adquiera o pierda la calidad de sociedad de interés público, deberá comunicarlo a Superintendencia, dentro del plazo de un mes.

 

Las compañías tienen la obligación de mantener actualizada la información respecto de la calidad de sociedad de interés público.

 

Por el solo hecho de que una compañía tenga la calidad de sociedad de interés público, deberá cumplir las obligaciones que establezca la normativa institucional para dichas sociedades, independientemente de su registro como tal, la comunicación a la que se refiere este Art. y/o la afectación correspondiente de la base de datos.

 

Art. 4.- Sanciones.- En el caso que una sociedad de interés público no cumpla con lo dispuesto en el presente instructivo, será sancionada de acuerdo con lo previsto en el Art. 445 de la Ley de Compañías.

 

Art. 5.- Derogatorias.- Deróguense las Resoluciones No. SCVS-DSC-2018-0001 del 17 de enero de 2018, y No. SCVS-DSC-2018-0008 de 27 de febrero de 2018, que contienen el instructivo sobre sociedades de interés público y su reforma, respectivamente.

 

Quito D. M. / Guayaquil, noviembre de 2019

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ESTUDIO JURÍDICO

BOLETÍN INFORMATIVO

El Registro Oficial No. 39 del 13 de septiembre de 2019 publica la Resolución de Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) No. SCVS-INC-DNCDN-2019-0009, por la cual se expide el INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA “NIIF” COMPLETAS Y DE LA NORMA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF PARA LAS PYMES), EN LAS COMPAÑÍAS SUJETAS AL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SCVS. A continuación resumimos su contenido

Artículo Primero.- Solo para fines de definición de Pequeñas y Medianas Entidades, se sustituye el numeral 3 (abajo en azul) del Art. Primero de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 de 31 de diciembre de 2008, por el siguiente: 

Art. 1.- Establecer el siguiente cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF por parte de las compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías:

1. Aplicarán a partir del 1ro. de enero de 2010: Las compañías y los entes sujetos y regulados por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades de auditoría externa.

2. Aplicarán a partir del 1ro. de enero de 2011: Las compañías que en base a su estado de situación financiera cortado al 31 de diciembre de cada año, presenten cifras iguales o superiores a las previstas en el Art. primero de esta resolución, adoptarán por el Ministerio de la ley y sin ningún trámite, las NIIF completas, a partir del 1ro. de enero del año subsiguiente, pudiendo adoptar por primera vez las NIIF completas en una sola ocasión; las compañías holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y entidades del sector público; las sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus actividades en el Ecuador.

3. Las demás compañías no consideradas en los dos grupos anteriores. Se entenderán Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), las compañías que cumplan las siguientes condiciones:

a) Monto de activos inferiores a US$ 4.000.000.

b) Registren un valor bruto de ventas anuales de hasta US$ 5.000.000. Y,

c) Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado). Para este cálculo se tomará el promedio anual ponderado.

Artículo Segundo.- Todas las compañías y entes definidos en los numerales 2 y 3 del Art. Primero transcrito precedentemente, así como también las compañías auditoras externas, sujetas al control y vigilancia de la SCVS, que no se encuentren inscritas en el Catastro Público del Mercado de Valores, para efectos del registro y preparación de sus estados financieros, si así lo prefieren, podrán aplicar la NIIF para las PYMES, acogiéndose a lo establecido en la sección 35 de dicha norma, “Transición a la NIIF para las PYMES”, párrafos 35.1 y 35.2, que prevén:

“35.1. Esta Sección se aplicará a una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES, independientemente de si su marco contable anterior estuvo basado en las NIIF completas o en otro conjunto de principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), tales como sus normas contables nacionales, o en otro marco tal como la base del impuesto a las ganancias local.

35.2 Una entidad solo puede adoptar por primera vez la NIIF para las PYMES en una única ocasión. Si una entidad que utiliza la NIIF para las PYMES deja de usarla durante uno o más períodos sobre los que se informa y se le requiere o elige adoptarla nuevamente con posterioridad, las exenciones especiales, simplificaciones y otros requerimientos de esta sección no serán aplicables a nueva adopción.” 

Se acoge también lo establecido en la sección 1 de dichas normas, “Descripción de las pequeñas y medianas entidades”, párrafo 1.6, que dice: “No se prohíbe a una subsidiaria cuya controladora utilice las NIIF completas, o que forme parte de un grupo consolidado que utilice las NIIF completas, utilizar esta NIIF en sus propios estados financieros si dicha subsidiaria no tiene obligación pública de rendir cuentas por sí misma. Si sus estados financieros se describen como en conformidad con la NIIF para las PYMES, debe cumplir con todas las disposiciones de esta NIIF.” 

El período de transición para las compañías que cambiaron su situación, será el año del cambio. 

Artículo Tercero.- Se exceptúan de la facultad indicada en el Art. precedente aquellas compañías inscritas en el Catastro Público de Mercado de Valores, ya que aplicarán las NIIF completas, así como también las compañías intermediarias de reaseguros, peritos de seguros y asesoras productoras de seguros. 

Artículo Cuarto.- Toda compañía sujeta al control de la SCVS, que optare por la inscripción en el Catastro Público de Mercado de Valores, aplicará las NIIF completas; por lo cual, si alguna compañía que elabore y presente estados financieros bajo la NIIF para las PYMES decidiese inscribirse en el mismo, deberá aplicar las NIIF completas. El año de inscripción en el Catastro Público de Mercado de Valores, constituye su año de transición a las NIIF y los ajustes provenientes de la transición de la NIIF para las PYMES a las NIIF completas, se registrarán el 1ro. de enero del año de aplicación. 

Artículo Quinto.- Si una compañía, regulada por la Ley de Compañías, que venía aplicando las NIIF completas, cancela su inscripción en el Catastro Público de Mercado de Valores y decidiere acogerse a la facultad prevista en la presente Resolución, podrá optar por aplicar en el siguiente ejercicio económico la NIIF para las PYMES, para lo cual se sujetará a lo establecido en la sección 35 de dicha norma “Transición a la NIIF para las PYMES.” 

El período de transición para las compañías que modificaron su situación, será el año del cambio.

Artículo Sexto.- Si una compañía regulada por la Ley de Compañías, actúa como constituyente u originador en un fideicomiso mercantil, a pesar de que pueda estar calificada como Pequeña o Mediana Entidad (PYME), deberá aplicar las NIIF completas.
El período de transición y de aplicación de la constituyente u originadora será coherente con el grupo al que pertenezca, según lo transcrito en el Artículo Primero de esta Resolución.
Para el caso de las compañías constituyentes u originadoras de fideicomisos, que se inscriban en el Catastro Público de Mercado de Valores, su año de transición será el de su inscripción; y, para las de los fideicomisos no inscritos, su año de transición será el de la constitución del contrato de fideicomiso.

Por lo que, en ambos casos en su período de transición aplicarán la normativa contemplada en la NIIF 1, “Adopción por Primera Vez de las NIIF”, y los ajustes provenientes de la transición de la NIIF para las PYMES a NIIF completas, se registrarán el 1ro. de enero del año de aplicación.

Artículo Séptimo.- Todas las compañías, deberán revelar en las notas a los estados financieros, si éstos han sido preparados y presentados bajo NIIF completas o la NIIF para las PYMES.

Artículo Octavo.- Toda compañía que por cualquiera de las circunstancias señaladas en la presente Resolución, cambiare de NIIF completas a NIIF para las PYMES, o viceversa, deberá acompañar las respectivas conciliaciones, junto con la presentación de los primeros estados
financieros con la aplicación de la nueva norma.

Artículo Noveno.- Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, cualquiera de las compañías que aplique la NIIF para las PYMES, podrá adoptar las NIIF completas, para la preparación y presentación de sus estados financieros, decisión que debe constar expresamente en sus políticas y en las notas de los estados financieros.

Artículo Décimo.- Cuando una compañía se constituya, a partir del año 2011, deberá aplicar directamente las NIIF completas o la NIIF para las PYMES, en cuyo caso no tendrá período de transición, por tanto no está obligada a presentar las conciliaciones, ni elaborar el cronograma de implementación de las NIIF.

Artículo Undécimo.- Si la Institución, ejerciendo los controles que le facultan la Ley de Compañías y el Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro II, relativo a la Ley de Mercado de Valores, estableciese que los datos y cifras que constan en los estados financieros presentados a la SCVS, no responden a la realidad financiera de la empresa, se observará al representante legal, requiriéndole que presente los respectivos descargos, para cuyo efecto se concederán hasta el máximo de los términos previstos en dichas normas; de no presentar los descargos requeridos, se impondrán las correspondientes sanciones contempladas en las leyes de la materia y sus respectivos reglamentos.

Artículo Duodécimo.- Sea que las compañías apliquen las NIIF completas o la NIIF para las PYMES, prepararán la información contenida en el Art. segundo de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 2008, elaborarán el cronograma de implementación, el mismo que debe ser aprobado por la junta general de socios o accionistas, o por el organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos, y la conciliación del patrimonio neto al inicio del período de transición, aprobada por el Directorio o por el organismo que estatutariamente estuviere facultado.

Artículo Décimo Tercero.- Deróguese la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 del 11 de Octubre de 2011, publicada en el Registro Oficial 566 de 28 de octubre de 2011, que contiene el Reglamento para la aplicación de las NIIF completas y NIIF para las PYMES, para compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.

Quito D. M. / Guayaquil, septiembre de 2019